Cartas sobre humanismo y política

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16ª Carta: Humanismo y fines del Estado

Querido amigo:

En la carta anterior, al hablarte de la comunidad política, y dentro de ella del Estado, te anticipaba que el fin de este era la consecución del bien común. Lo genérico de la expresión exige que lo precisemos.

La necesidad del Estado (entiéndelo en sentido amplio, equivalente a “poderes públicos”)  no puede negarse, pero igualmente es innegable que el hombre no tenga que someterse en todo al Estado. El margen entre la necesidad y la supeditación es, precisamente, la libertad política.

Queda así planteado el problema de las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos: el control o dependencia que puedan ejercer aquellos sobre estos, reduce la libertad personal.

Cuestión distinta es la relación entre el Estado y la sociedad en su conjunto, y las funciones que el Estado debe cumplir para esta.

El Estado liberal puro se limitaba a ser un mero regulador y guardián de un orden que conciliaba las libertades personales (sufragio, asociación, domicilio, correspondencia, expresión, etc.), con las garantías de esas libertades frente al poder ejecutivo.

Pero en el Estado social de nuestros días, el ciudadano no solo es titular de aquellos derechos, sino también sujeto de necesidades sanitarias, educativas, culturales, de ocio, de vivienda, de urbanismo, de disfrute del medio ambiente, etc., que el Estado debe satisfacer. Es el llamado “Estado del bienestar”, o más exactamente Estado de la “procura existencial”. Estos nuevos fines del Estado se plasman en los textos constitucionales y en otros de ámbito internacional, como la “Carta Europea de Derechos del Ciudadano”, que enumera hasta 48 derechos, sin mencionar ninguna obligación.

La quiebra económica del Estado del bienestar es el problema de nuestros días a nivel regional, nacional y europeo. No voy a entrar ahora, querido amigo, en este gravísimo problema, porque el objeto de esta carta es exponer la perspectiva humanista de los fines del Estado. Tú mismo puedes sacar las consecuencias.

Ante todo debe reconocerse que el Estado no se distingue por su éxito como empresario. Lo prueba el hecho de que la gran mayoría de las empresas públicas necesitan de subvenciones para subsistir. Es la iniciativa privada, la que partiendo de la búsqueda de un interés particular, hace que la suma de todos ellos redunde en el interés general. Tampoco debes tomarte esto al pie de la letra. Hoy la  situación es tan compleja que es legítimo dudar de si en todo caso es así. Por eso habrá que examinar caso por caso y situación por situación.

Pero al Estado siempre le corresponde corregir las desigualdades que se generan en el sistema de economía de mercado o libre empresa, sin tener que llegar a la igualación. En esta corrección está, precisamente, el logro del interés general. La corrección, que no solo es de carácter personal, sino que también se extiende al ámbito territorial (regiones más pobres que otras), se lleva a cabo mediante la redistribución de la riqueza, que es la esencia de la política social, y tiene como instrumento principal los impuestos, con el límite de que estos no sean confiscatorios, ni desincentiven la iniciativa económica que genera riqueza y empleo.

Una redistribución de la riqueza justa y proporcionada fundamenta que el Estado disponga de un poder superior a los ciudadanos y que se imponga a estos. Y ello puede hacerse de dos maneras: asumiendo el Estado directamente la prestación de los servicios públicos que ofrece, o financiando la prestación del servicio que el ciudadano demanda a la iniciativa privada, con el consiguiente control. En ambos casos subyace el problema del coste del servicio y si se paga totalmente, o en parte, o es gratuito. El abuso de la gratuidad (el “gratis total”) es una de las causas de la quiebra económica del Estado del bienestar.

Además de la función de redistribución, al Estado corresponde crear un clima de condiciones de estabilidad que permita el desarrollo de las actividades privadas en libertad; luchar contra las desigualdades injustas, en especial, mediante la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo; proteger a los ciudadanos proporcionándoles seguridad; procurar el prestigio internacional del país mediante una adecuada política de alianzas; dotar las infraestructuras que se necesiten en función del desarrollo económico; garantizar la seguridad sanitaria presente y futura; y consolidar un sistema de seguridad social que permita el pago de las pensiones y otras prestaciones sociales, entre las que cobra especial importancia la prestación por desempleo.

Desde la perspectiva estrictamente económica, los fines del Estado para la humanismo se concretan en lo que se conoce como “triángulo de Forsthoff”: lucha contra la inflación, empleo y balanza de pagos. En nuestros días habría que añadir un lado al triangulo para convertirlo en un cuadrado: el equilibrio presupuestario. Ello significa que los Gobiernos (centrales, autonómicos o locales) no deben gastar por encima de sus ingresos, pues el endeudamiento excesivo y sin control lleva a situaciones en que el coste de la deuda absorbe los recursos que serían necesarios para el cumplimiento de las políticas sociales, además de otras indeseables consecuencias.

Muchas otras cosas, querido amigo, podrían decirse de los fines del Estado, pero hablaremos de ello en otra ocasión. Al político le es exigible que tenga siempre presente estos fines generales. Y por debajo de ellos que cumpla su programa y sus promesas. Y si no puede, que explique por qué.

Recibe un cordial abrazo.

Fernando Díez Moreno

Vicepresidente de la Fundación Tomás Moro