Cartas sobre humanismo y política

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Carta 100ª: Humanismo, gobernantes y legisladores.

Querido amigo:

El 4 de noviembre del año 2000, San Juan Pablo II (el más grande humanista del siglo XX, no lo olvides, ver cartas 52 a 57), se dirigió a los gobernantes y legisladores de numerosos países con motivo del jubileo del milenio. En otras fechas, se dirigió a otros grupos. Como, sin duda, te habrá pasado inadvertido tal mensaje, me propongo es esta carta reflexionar sobre su contenido, pues constituye una síntesis de pensamiento humanista.

La política es una misión a la que Dios, en su providencia, llama. Tal misión puede considerarse ciertamente como una verdadera vocación a la acción política, concretamente, al gobierno de las naciones, a la elaboración de las leyes, o a la Administración Pública en sus diversos ámbitos. Es necesario, pues, preguntarse por la naturaleza, las exigencias y los objetivos de la política, para vivirla como cristianos y como hombres conscientes de su nobleza y, al mismo tiempo, de las dificultades y riesgos que comporta.

Además, la política es el uso del poder legítimo para la consecución del bien común de la sociedad. Bien común que, como afirma el Concilio Vaticano II, “abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las que los hombres, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su perfección propia” (Gaudium et spes, 74). La actividad política, por tanto, debe realizarse con espíritu de servicio. El cristiano que actúa en política ha de trabajar desinteresadamente, no buscando la propia utilidad, ni la de su propio grupo o partido, sino el bien de todos y de cada uno y, por lo tanto, y en primer lugar, el de los más desfavorecidos de la sociedad.

La preocupación esencial del hombre político tiene que ser la justicia. Una justicia que no se contenta con dar a cada uno lo suyo sino que tienda a crear entre los ciudadanos condiciones de igualdad en las oportunidades y, por tanto, a favorecer a aquéllos que, por su condición social, cultura o salud corren el riesgo de quedar relegados o de ocupar siempre los últimos puestos en la sociedad. No se trata de perseguir la igualdad, sino de luchar contra las desigualdades injustas o discriminatorias.

Éste es el escándalo de las sociedades opulentas del mundo de hoy, en las que los ricos se hacen cada vez más ricos, porque la riqueza produce riqueza, y los pobres son cada vez más pobres, porque la pobreza tiende a crear nueva pobreza. Sobre todo hoy, con el fenómeno de la globalización de los mercados, los países ricos y desarrollados tienden a mejorar ulteriormente su condición económica, mientras que los países pobres -exceptuando algunos en vías de un desarrollo prometedor- tienden a hundirse aún más en formas de pobreza cada vez más penosas.

En realidad, para vencer el egoísmo de las personas y de las naciones, lo que debe crecer en el mundo es el espíritu de solidaridad. Sólo así se podrá poner freno a la búsqueda de poder político y riqueza económica por encima de cualquier referencia a otros valores. En un mundo globalizado, aquellos cristianos que se sienten llamados por Dios a la vida política tienen la tarea -ciertamente bastante difícil, pero necesaria- de doblegar las leyes del mercado “salvaje” a las de la justicia y la solidaridad. Ese es el único camino para asegurar a nuestro mundo un futuro pacífico, arrancando de raíz las causas de conflictos y guerras: la paz es fruto de la justicia.

En relación con los que ejercen funciones legislativas, deben tener en cuenta la afirmación de que la ley positiva no puede contradecir la ley natural, al ser ésta una indicación de las normas primeras y esenciales que regulan la vida moral y, por tanto, expresión de las características, de las exigencias profundas y de los más elevados valores de la persona humana.

Esto significa que las leyes tienen que respetar y promover siempre a las personas humanas en sus diversas exigencias espirituales y materiales, individuales, familiares y sociales. Por tanto, una ley que no respete el derecho a la vida del ser humano -desde la concepción a la muerte natural, sea cual fuere la condición en que se encuentra, sano o enfermo, todavía en estado embrionario, anciano o en estadio terminal- no es una ley conforme al designio divino. Así pues, un legislador cristiano no puede contribuir a formularla ni aprobarla en sede parlamentaria, aun cuando, durante las discusiones parlamentarias allí dónde ya existe, le es lícito proponer enmiendas que atenúen su carácter nocivo.

Lo mismo puede decirse de toda ley que perjudique a la familia y atente contra su unidad e indisolubilidad, o bien otorgue validez legal a uniones entre personas, incluso del mismo sexo, que pretendan suplantar, con los mismos derechos, a la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Cuando el legislador cristiano se encuentre ante concepciones de vida, leyes y peticiones de legalización, que contrastan con la propia conciencia, será la prudencia cristiana, que es la virtud propia del político cristiano, la que le indique cómo comportarse para que, por un lado, no desoiga la voz de su conciencia rectamente formada y, por otra, no deje de cumplir su tarea de legislador.

Para el cristiano de hoy, no se trata de huir del mundo en el que le ha puesto la llamada de Dios, sino más bien de dar testimonio de su propia fe y de ser coherente con los propios principios, en las circunstancias difíciles y siempre nuevas que caracterizan el ámbito político[i].

Recibe un cordial abrazo de

 

[i] Véase Discurso del Papa San Juan Pablo II de 4 de noviembre de 2000. www.vatican.va

Fernando Díez Moreno

Vicepresidente de la Fundación Tomás Moro