El Estado moderno (V parte)

El Estado moderno (V). (40)

En las reflexiones que hemos hecho en los cuatro artículos anteriores sobre la necesidad de adelgazar al Estado, le llega el turno al Poder Ejecutivo, esto es, el Gobierno y la Administración Pública. Es sin duda la parte más difícil. Todos los intentos que se hicieron llevaron al fracaso por falta de continuidad o por cambio de la orientación política del Gobierno. Cuando gobiernan partidos de derecha suelen plantearse medidas de reducción del gasto, y cuando gobiernan las izquierdas se hace borrón y cuenta nueva con lo anterior. Es muy típico de España la carencia en nuestra clase política de un auténtico sentido del Estado para dar continuidad a las medidas que benefician al interés general. Lo anterior es lamentable en políticas como la de exteriores o de defensa.

El último intento de una reforma en profundidad de la Administración Pública se llevó a cabo en el gobierno de Rajoy movido por la crisis económica del 2009 y por la necesidad de reducir el enorme déficit presupuestario heredado del gobierno socialista de Zapatero.

Se partía de un gasto público, esto es, del peso del sector público en relación con el PIB, del 48,4%. No era muy elevado comparado con otros países, pero de 2005 a 2011, con el gobierno de Zapatero, había subido desde el 38,3% hasta el 48,4%. (En 2020 hemos alcanzado el 52,73%).

Otras cifras de las que se partía eran que el gasto social en 2012 fue del 65,92% de todo el gasto público, lo que representa el 30% del PIB; y que los ingresos fiscales entre 2007 y 2009 bajaron 6 puntos del PIB. Así en 2012 los ingresos fiscales representaban el 36,4% del PIB (10 puntos menos que la media de la UE).

En resumen, en 2013, el gasto público era el 48,4% del PIB, mientras que los ingresos fiscales eran el 36,9%, luego había un déficit fiscal del 11,5% del PIB. Se hacía imprescindible una reforma, que fue atacada por la oposición socialista desde el primer momento con la expresión de “política de recortes”, olvidando que eran necesarios para salir de la crisis y que eran ellos los responsables de la situación.

Otro aspecto de la reforma pretendida se refiere a los funcionarios y empleados públicos. Para darnos una idea de la complejidad del problema, se partía del dato de que los empleados públicos eran, en 2011, 3.220.600 de personas (288.700 más que en 2007), de los cuales 1.351.883 pertenecen a las Comunidades Autónomas; 597.212, pertenecen a los Entes Locales; y 581.861, pertenecen al Estado (457.596 funcionarios; 113.063 laborales y 11.202 otros colectivos). Lo anterior no incluían el personal docente universitario y la sanidad, aunque si las Fuerzas Armadas, los Cuerpos de Seguridad, la Administración. de Justicia, los cuerpos penitenciarios, y los entes públicos empresariales.

El intento de reforma a que nos referimos del Gobierno de Rajoy aprobó un plan en 2013 con 218 medidas, aunque en realidad eran muchas más, pues la mayor parte de ellas se descomponían en otras varias. Así, por ejemplo, una medida consistía en 15.135 posibles operaciones inmobiliarias sobre inmuebles enajenables.

Estas medidas podían ser de carácter general (11 medidas); para evitar duplicidades entre las Administraciones Públicas (119 medidas); de simplificación administrativa (41 medidas); de gestión de servicios y medios comunes (39 medidas); o en la Administración Institucional (8 medidas).

Como se observa, las más numerosas eran las tendentes a evitar duplicidades administrativas. En efecto, como consecuencia del sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se producen duplicidades administrativas, que pueden ser orgánicas (cuando existen entes u órganos con cometidos iguales que actúan sobre los mismos sujetos), o de actuaciones (cuando distintas Administraciones prestan servicios idénticos a destinatarios idénticos, pudiendo el administrado optar por una u otra Administración). Dicho de manera más gráfica: hay un Concejal de Cultura, un Diputado de Cultura en las Diputaciones, un Consejero de Cultura en la Comunidad Autónomo y un Ministerio de Cultura en el Gobierno. ¿Son sostenibles estas duplicidades? (Continuará).

 

 

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